Como reza el
antiguo dicho, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos.
Hace unos
años una ex Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y entonces Ministra
de Cultura, Carmen Calvo, dijo que el
dinero público no es de nadie. Y lo grave es que la población española en
general, lo ha creído firmemente. Durante
mucho tiempo se pensó que lo público no cuesta dinero, es gratis o no es
de nadie. En un ejercicio de irresponsabilidad manifiesta los políticos han
hecho creer a la opinión pública que este sistema podía mantenerse
indefinidamente tal y como lo conocíamos. Nada más lejos de la realidad.
Lo público
no nos lo regalan, tampoco crece de la nada ni se reproduce por generación
espontánea. Lo mantenemos todos los que contribuimos con nuestros impuestos
a que sea posible.
Durante años
hemos asistido a un “boom”
económico donde el dinero corría como ríos de alta montaña en época de
deshielo pero, de pronto, nos hemos quedado sin “nieve” y sin ríos.
Aunque desde
diversos sectores se insiste en la idea de que todos hemos
vivido por encima de nuestras posibilidades, la realidad nos muestra que algunos
sectores de la sociedad han aprovechado este tiempo y pensamiento para “engordar”
su patrimonio llevando a los Estados a una situación
crítica cuya solución ha pasado por “socializar” las pérdidas. De este
modo, mientras unos han tenido beneficios, los demás han pagado los platos
rotos.
Sin embargo,
todos los que conocemos el sistema sabíamos que esto no podía durar. Mientras a
los trabajadores de los sistemas sanitarios se les exigía eficiencia y control
del gasto, a la población se le invitaba a gastar el dinero PÚBLICO Y PRIVADO a
manos llenas haciéndole creer que sus derechos incluían tenerlo todo. Durante
mucho tiempo este discurso ambivalente ha servido para que los políticos
pudieran estar apoltronados en su sillón, pero la realidad nos ha golpeado a
todos con toda su crudeza y ahora que se ha cerrado el grifo, se intenta disfrazar
lo que realmente es una merma de servicios.
Esta
preocupación por el vil metal ha permitido que muchas CCAA hayan ideado sistemas de
provisión alternativos a la sanidad pública para hacerse más eficientes, antes
incluso de la crisis (aunque tengo dudas de que esta eficiencia no haya
retornado en forma de incentivos a los distintos gestores).
Si hace unos
años el problema era saber en qué se iba a gastar el dinero que nos sobraba, en
la actualidad reside en averiguar en qué podemos ahorrar. En este contexto, se
aprovecha la falta de recursos económicos para continuar con el debate sobre la
privatización de los servicios sanitarios.
Si bien es
cierto que no podemos continuar con el derroche de recursos, no sólo hay que
plantear la privatización como solución. Posiblemente, ésta pase por encontrar
un adecuado equilibrio entre la privatización o externalización
de algunos servicios, como ya se ha hecho, y de alguno más, a la vez que el
núcleo fundamental de los mismos, es decir, aquellos relacionados directamente
con la asistencia sanitaria debería permanecer en el ámbito público para garantizar
la equidad en el acceso, sobre todo de la población con menos recursos
económicos.
Merfor.
Merfor.
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