¿Salud para todos en el año 3.000?

Desde que en Alma Ata (1978) se proclamase la máxima que regiría los destinos de la Sanidad mundial hasta el final de los tiempos, o al menos hasta el año 2000, (Salud para todos en el año 2000), los pensadores del chiringuito sanitario mundial han estado dándole vueltas a la forma de dar respuesta a los retos planteados.

El discurso, más o menos, decía: “Señores ciudadanos: los políticos estamos muy preocupados por los problemas que tienen y sabemos lo que necesitan. Fíense”.  Con el paso de los años hemos visto que, una vez alcanzado el poder, han estado más pendientes de mantener sus propias prerrogativas que de los intereses de los ciudadanos a quienes dicen defender.

¿Y en España qué?

En España el cambio más importante tuvo lugar con la promulgación de la Ley General de Sanidad (1986) y los resultados del Informe Abril (año 1991).

¿Qué supuso esto? Pues, entre otras cosas, el inicio de la desprivatización y funcionarización de la sanidad española, pero también el inicio del debate sobre la viabilidad del mismo. Se consiguió que, por ejemplo, los médicos pasasen de trabajar “en casa” a trabajar para cumplir los “objetivos” de la declaración de Alma Ata: una atención primaria de calidad, accesible y universal, apoyada en una nueva especialidad médica, la Medicina Familiar y Comunitaria. Todo ello, enmarcado en una organización  a la que cada vez se destinaban más recursos económicos.  

Ya por el año 1989 empezaron a alzarse voces que indicaban que la atención sanitaria, por mucho dinero que se aportase, no iba a mejorar.

¿Y ahora?

Como digo, pasó el año 2000 y no se consiguió el objetivo y, llegado el 2014 parece que no vamos por mejor camino. Aunque la declaración de intenciones fue loable, la realidad es que la salud para todos sigue siendo un reto. Más aún, si cabe, después de la crisis financiera mundial cuyos devastadores efectos se están sintiendo especialmente en los de siempre, los más desfavorecidos.

Estas circunstancias de falta de recursos económicos, vuelven a plantear la necesidad de un cambio. El problema es dar marcha atrás en los derechos que los ciudadanos han adquirido, y así algunas de las medidas que se han adoptado consistentes en hacer pagar por determinadas prestaciones o excluir a determinados colectivos del aseguramiento, no parecen compatibles con una Sanidad gratuita, para todos y de calidad.

Para intentar solucionar este dilema la mayoría de las Comunidades Autónomas acuden a distintas formas de provisión privada en aras de mejorar su eficiencia. Pero, si cómo dicen los estudios publicados no existe evidencia de que la sanidad privada sea más eficiente que la pública, ¿por qué se intentan resolver los problemas de la sanidad privatizando, externalizando o haciendo colaboración público-privada?

Como siempre, la solución parece que pasa por los profesionales. Cada vez que oigo hablar de las posibles soluciones siempre se desgranan aspectos relacionados con los profesionales y la rigidez de los sistemas sanitarios públicos para la contratación de servicios. Si después de Alma Ata se les hizo trabajar más horas, ahora la solución parece estar en la precariedad laboral.

La solución no creo que pase por ver a los médicos en alpargatas como dijo Alfonso Guerra (Jerez de la Frontera, 1982), como tampoco lo es negar la evidencia de que lo que la Sanidad necesita es un poco de cordura y sensatez no sólo en los discursos, sino también en la implementación de medidas que consigan una sanidad de calidad, universal y equitativa.

 

Merfor