Hace unos días hemos conocido el rechazo
de los tribunales a la privatización de la gestión de la sanidad madrileña, conocida por todos como plan
de privatización del Sistema Madrileño de Salud.
Desde todos los medios se ha interpretado
como un golpe al gobierno madrileño que ha conllevado la dimisión del Consejero
de Sanidad y, a la vez, como una victoria de la Mesa en Defensa de la
Sanidad Pública de Madrid que a través de la convocatoria de sucesivas
marchas o “marea
blanca”, como se le ha llamado, ha librado durante meses una contienda para
defender una sanidad pública y gratuita.
¿Pero
realmente han ganado unos y perdido otros?
La visión mayoritaria de la población y de
muchos sectores es que sí. Frente al intento del gobierno de la Comunidad de
Madrid de privatizar la sanidad, la movilización popular lo ha impedido. De
esta forma, existiría un ganador y un perdedor.
¿Es esto
exactamente así? ¿Es realmente la Sanidad “pública” en toda España? ¿Qué
significa exactamente “sanidad privada”?
La diferenciación entre las distintas
funciones del sistema sanitario (provisión, financiación, aseguramiento) y la
aprobación de la ley de
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud en
el año 1997, posibilitaron que la provisión de determinados servicios
sanitarios y, en algunos casos, de centros enteros pasara a ser privada en algunas Comunidades
Autónomas.
Así surgieron distintas fórmulas
público-privadas con distintas denominaciones según el lugar donde se
instalaran: conciertos para la realización de pruebas diagnósticas o pequeñas
cirugías en hospitales privados, asistencia a pacientes terminales o, incluso pequeños
centros sanitarios que intentaban mejorar algunos aspectos deficitarios de la
sanidad pública, como los Hospitales de Alta Resolución de Andalucía o las Entidades de Base Asociativa en Cataluña.
De esta forma, aunque la provisión pasó a ser
privada, su financiación y aseguramiento seguían siendo públicos, pero este
cambio permitía que las particularidades de la gestión de la empresa privada
pudiesen aplicarse a la gestión de las empresas
sanitarias.
Y si ya se
ha puesto en marcha en otras Comunidades Autónomas, ¿por qué no en Madrid?
Aunque desde diversos sectores se insiste en
la necesidad de un cambio de modelo sanitario y se afirma que será necesario
recurrir a la concertación y privatización sanitaria, la polémica por la
sanidad pública o privada parece el intento de determinados sectores por posicionarse
a favor o en contra de la privatización. En cualquier caso, ambos se proponen “avisar”
a la población de las consecuencias que tendrá sobre el futuro del sistema
sanitario, por un lado, no tomar medidas que mejoren la eficiencia y ahorren
costes, y de otro, avisar a otros gobiernos (autonómico o nacional) sobre lo
que podría ocurrir en caso de que
intentaran llevar a cabo un proceso similar en sus servicios de salud.
La movilización de Madrid, además de ejemplificar
la defensa de la sanidad pública en la Comunidad, ha servido como
representación de la posición de los distintos sectores implicados y de la
opinión mayoritaria de la población española que no está dispuesta a perder ni
uno sólo de los derechos que tanto le ha costado conseguir.
La
pregunta es… ¿se habrá perdido la guerra?
Merfor.
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